Los Servicios Sociales tramitan 505 solicitudes para acceder a la Ley de Dependencia
La concejal de Asuntos Sociales, Asunción Barranco, ha dado a conocer los datos sobre la tramitación de solicitudes para el reconocimiento de situación de dependencia llevadas a cabo por los Servicios Sociales de la ciudad durante los primeros seis meses 2011, lo que de facto significan peticiones para acogerse a la conocida Ley de Dependencia.Durante el primer semestre se han recepcionado 505 solicitudes para el reconocimiento de la referida situación de dependencia y del derecho a prestaciones. 154 han sido tramitadas desde la zona centro, 155 desde la zona de poniente y el resto, 196, desde el Centro de Servicios Sociales de Levante. Se han recibido 494 notificaciones de resolución de grado y nivel y 203 de nueva valoración por empeoramiento de la situación de dependencia. A su vez se han realizado 305 programas individuales de atención (PIA), 86 corresponden a la zona levante, 108 a la zona poniente y 111 a centro.
La situación de dependencia se valora con un mismo baremo en todo el Estado español y su reconocimiento tiene validez en todo el país, estableciéndose grados y niveles según la capacidad de la persona para llevar a cabo por sí misma las actividades básicas de la vida diaria, así como la necesidad de apoyo y supervisión para su realización por personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental.
La ley contempla tanto prestaciones económicas como servicios, estos últimos tienen carácter prioritario e incluyen la teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio, centros de día y de noche y servicios de atención residencial. En cuanto a prestaciones económicas la ley contempla tres tipos: la vinculada al servicio; la de asistencia personal y por último la prestación para cuidados en el medio familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.
Tanto la situación de dependencia como la determinación de los servicios o prestaciones que le se le asignen a cada persona dependiente corresponden a cada comunidad autónoma, en el caso de La Línea a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.
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