Tema: 12 de septiembre de 2001:CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
Año 2001 VII Legislatura Núm. 55 PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA
Sesión del Pleno
celebrada el martes,
12 de septiembre de 2001

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Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.

Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a que anticipe a los pensionistas afectados por la disolución del Fondo de Pensiones de Gibraltar la cantidad que les habría correspondido de la revalorización que no se les aplica desde 1990 (Página 3083)

El señor Carracao Gutiérrez defiende la moción. El señor Fernández Sánchez consume un turno en contra. En turno de portavoces, intervienen los señores Cámara Fernández, del Grupo Mixto; Rodríguez Díaz, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Aurrekoetxea Bergara, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Carracao Gutiérrez, por el Grupo Socialista, y Fernández Sánchez, por el Grupo Popular. Hacen uso de la palabra nuevamente los señores Carracao Gutiérrez y Fernández Sánchez

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Extraído de http://www.senado.es/legis7/publicac...os/PS0055.html

Página 3083


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE ANTICIPE A LOS PENSIONISTAS AFECTADOS POR LA DISOLUCION DEL FONDO DE PENSIONES DE GIBRALTAR LA CANTIDAD QUE LES HABRIA CORRESPONDIDO DE LA REVALORIZACION QUE NO SE LES APLICA DESDE 1990 (662/000144).

La señora PRESIDENTA: Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a que anticipe a los pensionistas afectados por la disolución del Fondo de Pensiones de Gibraltar la cantidad que les habría correspondido de la revalorización que no se les aplica desde 1990.
A esta moción no se han presentado enmiendas.
Para la defensa de la moción tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el Senador Carracao.

El señor CARRACAO GUTIERREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, es obvio que todos deseamos comportarnos con normalidad, pero los trágicos sucesos de ayer han influido en el desarrollo de este Pleno y en el contenido de las intervenciones de los oradores. Deseo sumarme a todas las muestras de solidaridad y de consternación que han sido expresadas por quienes en el transcurso de la sesión plenaria me han antecedido en el uso de la palabra.
Permítanme que, brevemente, relate una cronología para que sus señorías se sitúen lo mejor posible. Con fecha 31 de diciembre del año 1993 las autoridades de Gibraltar suspendieron el pago de las prestaciones que venían satisfaciendo a ex trabajadores españoles, a consecuencia de la situación de crisis económica en la que se encontraba el Fondo Social de Pensiones que le llevó a su disolución.
Un elevado número de pensionistas españoles se vio afectado por esa medida, que produjo un grave perjuicio económico tanto a ellos como a sus familias. La Junta de Andalucía a fin de evitar la desprotección de este colectivo, a través de la Consejería de Asuntos Sociales, procedió a anticipar a los beneficiarios del Fondo Social de Pensiones del Gibraltar el importe de las prestaciones periódicas que vinieran percibiendo con cargo a dicho Fondo el 31 de diciembre de 1993, asumiendo los beneficiarios la obligación de reintegrar a la Administración autonómica las cantidades anticipadas una vez se consiguiese el correspondiente acuerdo con las autoridades de Gibraltar para la solución del conflicto suscitado.
El importe de esas pensiones es bajo, cifrándose la media en unas 25.000 pesetas. Es justo señalar que, fruto de los esfuerzos coordinados entre la Administración del Estado y la Junta de Andalucía, se consiguió en Bruselas --al amparo de la Comisión Europea-- el compromiso del Reino Unido de disponer los fondos necesario para el cumplimiento por parte de Gibraltar de sus obligaciones con los pensionistas del fondo social; y por qué no decirlo, con la inestimable colaboración de la mancomunidad de los municipios del Campo de Gibraltar --que presidía entonces este Senador que les habla--, así como la asociación linense de pensionistas, ex trabajadores de Gibraltar, los sindicatos Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras en el Campo de Gibraltar.
Como les decía, en julio de 1996 se rehabilita el pago de las pensiones a los ex trabajadores afectados, por lo que la Junta de Andalucía cesó el abono de las cantidades anticipadas con efecto de 1º de septiembre de 1996. Señorías, permítanme que destaque el hecho de que estamos hablando de 3.000 millones de pesetas, que fueron devueltos en su totalidad por los afectados. Economías muy débiles,

en una ciudad como La Línea de la Concepción y en una zona como el Campo de Gibraltar, muy azotadas por el desempleo, no dudaron un instante en cumplir el compromiso de devolución contraído; familias muy necesitadas devolvieron, en muchos casos, cantidades superiores al millón de pesetas.
Por favor, tomen sus señorías nota de este dato, que rubrica la honradez del colectivo aludido.
Sin embargo, aunque lo conseguido fue muy importante, no supuso
--tristemente aún-- un final absolutamente feliz. A los aproximadamente 9.000 pensionistas no se les aplica la revalorización periódica de su pensión desde 1990; 9.000 pensionistas que, si bien es cierto que en su mayoría son ciudadanas y ciudadanos andaluces, residentes en Andalucía, deben saber --para que no se regionalice el problema-- que en Cataluña también residen cerca de 1.000, otros tantos en Euskadi, algo más de 300 en la Comunidad Valenciana y así podría continuar por todo el territorio español. El hecho de que no se les aplique la revalorización periódica de sus pensiones desde 1990 supone, sin duda, un trato discriminatorio respecto de los pensionistas residentes en Gibraltar y un grave incumplimiento de la normativa comunitaria.
Las gestiones que está realizando el Gobierno de España en este sentido ante el Reino Unido no han dado --a pesar del tiempo--, el resultado que todos deseamos, de forma que los afectados vean revalorizadas sus pensiones y sean indemnizados con el carácter retroactivo correspondiente. Esta situación se hace aún más odiosa e incomprensible desde la proclamación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea porque al tratarse de un asunto que, desde el humilde punto de vista de este Senador, está conculcando claramente el espíritu y la letra de los tratados, las autoridades británicas deberían corregir urgentemente esta situación por ser incompatible, a todas luces, con el modelo social europeo.
No tengo la menor duda de que esta opinión es compartida por el Gobierno de España. El Secretario de Estado de Asuntos Europeos, señor De Miguel y Egea, contestó en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, a mi petición, que el Gobierno, en contacto con la Junta de Andalucía, ha realizado repetidas gestiones con las autoridades británicas durante los últimos meses. La última de ellas fue llevada a cabo por el Director General de Europa, con su homólogo en el Foreign Office, el pasado 11 de junio, además de la que se produjo en una reunión que se mantuvo al margen del Consejo de Gotemburgo.
Deben saber sus señorías que sobre esta cuestión se plantean tres problemas: primero, la no domiciliación de las pensiones en entidades bancarias del lugar de residencia de los pensionistas; segundo, la no revalorización de las pensiones desde 1990 y, tercero, la eventual existencia de un trato discriminatorio en relación con los pensionistas residentes en Gibraltar.
En lo que concierne al primero, la no domiciliación de pensiones, parece que las autoridades británicas hayan señalado que no existen problemas para que puedan ser percibidas en entidades bancarias domiciliadas en España. Respecto de la no revalorización de las pensiones y el eventual trato discriminatorio sufrido por los pensionistas españoles, reitero que hasta la fecha las gestiones de nuestro Gobierno para conseguir el pleno respeto de los de derechos de nuestros trabajadores no han obtenido del Reino Unido otra respuesta salvo que están estudiando el tema y que han mantenido contacto con las autoridades locales de Gibraltar. Creo que no merece la pena ningún tipo de comentario puesto que sus señorías conocen bien el lenguaje diplomático.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista estimamos que es tiempo de que este asunto se plantee con mayor contundencia; estimamos que es tiempo de que se hagan todos los esfuerzos necesarios para resolver estos problemas de la manera más rápida y favorable para nuestros pensionistas: por un lado, para que puedan recibir las pensiones y sus incrementos por transferencias bancarias y, por otro, para que se actualicen y puedan percibir con carácter retroactivo los importes correspondientes a estas subidas, cuyo montante global --con la prudencia necesaria hasta que se analicen en profundidad los derechos devengados por nuestros pensionistas-- podría ser una cifra aproximada a los 30 ó 31 millones de libras esterlinas, alrededor de 8.000 millones de pesetas.
Señorías, creo sinceramente que está confirmado que los pensionistas gibraltareños están recibiendo un suplemento adicional a su pensión con cargo a un fondo especial creado por el señor Bossano a tal efecto, y es por ello por lo que me consta que nuestro Gobierno no descarta plantear esta cuestión ante las instancias judiciales, es decir, ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas porque --cómo no podría ser de otra manera-- considera esta cuestión discriminatoria e injusta, y yo añado que está conculcando la normativa comunitaria en vigor.
Me pareció muy acertada una opinión expresada por el Secretario de Estado de Asuntos Europeos, que yo comparto absolutamente, cuando decía: No nos hacemos ilusiones sobre la amistad del Reino Unido, sobre la amistad del señor Blair, y mucho menos en el tema de Gibraltar.
Sinceramente, creo que esa opinión es acertada y que el mejor exponente de esta formulación lo representa el «Tyreless»: el Reino Unido demostró con él no tener ningún tipo de consideración de amistad y puso al Gobierno de España en una situación muy difícil.
Pero, señorías, en el asunto de los pensionistas nos asiste un derecho y lo que hay que hacer es afrontarlo precisamente con el Derecho en la mano. La experiencia enseña que el Reino Unido no cede nada si no se ve forzado a hacerlo y que recurre a vías poco comunes o muy expeditivas para resolver sus cuestiones. No quiero decir que les imitemos, pero el Gobierno español debe demostrar su voluntad claramente decidida, debe demostrar que en este asunto va a ir hasta donde sea necesario en las instancias comunitarias y ante el Tribunal Europeo de Justicia. Y la mejor prueba que puede dar de ello es anticipar a los pensionistas aludidos la cantidad que les habría correspondido si desde 1990 se hubiera hecho efectiva la revalorización de sus pensiones, con lo que no solamente demostraría ese compromiso ante un colectivo de economía muy débil, como el de los afectados, sino también firmeza ante las autoridades del Reino Unido.


Creo, señorías, que el relato de los hechos y los argumentos que he tratado de aportarles pueden ser suficientes. No quiero agotarlos. Ya han tenido sus señorías distintas oportunidades de oírme hablar sobre la cuestión de Gibraltar, y probablemente las seguirán teniendo. Pero ésta es una cuestión distinta, muy concreta, que en cualquier caso estoy dispuesto a ampliar en mi segundo turno de intervención. Eso sí: quiero rogar a sus señorías, y muy especialmente al portavoz del Grupo Popular, que se sacudan cualquier tinte de subjetividad. Yo he intentado, y espero haberlo conseguido, ser lo más objetivo y preciso posible, porque no es el caso que por problemas que pudiéramos denominar políticos o de partido, perjudicáramos a un colectivo que tanto necesita de la ayuda de todos.
Por tanto, no me duelen prendas en decir que esta moción merece el apoyo unánime de la Cámara, y no sólo el apoyo, sino el posterior esfuerzo y cooperación de todos los grupos parlamentarios hasta que consigamos el objetivo deseado. Como bien saben sus señorías, con la moción solicitamos que el Senado inste al Gobierno a que anticipe a los pensionistas afectados por la disolución del Fondo de Pensiones de Gibraltar la cantidad que les habría correspondido como consecuencia de la revalorización que no se les aplica desde 1990. Y si en un plazo razonable, de tres meses, y tras las oportunas gestiones, el Gobierno no tuviese indicios de la solución de este problema, proponemos que sin más dilación sea planteado en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.
Muchas gracias, señora Presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Carracao.
¿Alguna de sus señorías desea intervenir en turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Fernández Sánchez.

El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Con su venia, señora Presidenta.
Señorías, el relato que ha hecho el portavoz socialista de lo que yo llamaría un enredo --ajeno, como es lógico, al Gobierno del Partido Popular--, tiene una historia que cuando es sesgada o no se cuenta en su totalidad conviene que se aclare, como ahora se va a hacer por parte del portavoz que les habla.
Efectivamente, el 31 de diciembre del año 1993 las autoridades gibraltareñas disolvieron unilateralmente el Fondo de Pensiones de Gibraltar, quedando afectados por esta medida casi 10.000 nacionales españoles. Las gestiones emprendidas por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Junta de Andalucía provocaron el inicio de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea que se paralizó después de la reunión mantenida con el Ministerio de Trabajo español y el Ministerio de Seguridad Social británico, todo esto, en el seno de la Comisión administrativa para la Seguridad Social de los trabajadores inmigrantes.
El 8 de diciembre de 1998, al obtenerse por parte de las autoridades españolas el restablecimiento del pago de las pensiones que se adeudaban, la cosa varió. Con posterioridad, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales pudo constatar que no se había procedido a revalorizar las referidas pensiones, por lo que inició nuevas gestiones ante el Ministerio de Seguridad Social británico para obtener información sobre esta revalorización existente y aplicable a los pensionistas residentes en Gibraltar.
A tal efecto, el representante gubernamental de la Comisión Administrativa para la Seguridad Social de los Trabajadores Inmigrantes envió a su homóloga británica un escrito solicitando información al respecto y reclamando la aplicación igualitaria de las citadas revalorizaciones. En la reunión de la Comisión Administrativa de 26 y 27 de julio del año correspondiente, el representante español, nuevamente, se puso en contacto con la delegada británica y con la Comisión Europea para resolver esta cuestión, proponiendo una reunión bilateral auspiciada y presidida por la propia Comisión, sin mirar a la que tan buenos resultados dio en diciembre de 1998, propuesta que no recibió respuesta inmediata de la Comisión, si bien ésta la recibió con interés. Asimismo, el Parlamento Europeo se ha hecho eco de esta problemática, formulándose a la Comisión preguntas escritas sobre este tema. El gran problema de la revalorización es que, por parte de Gibraltar, existe un hermetismo total sobre la normativa aprobada y sobre las circunstancias y requisitos exigidos para la referida actualización. Por ello, y antes de iniciar cualquier procedimiento, hay que recabar documentación precisa para conocer qué tipo de revalorización se está concediendo, la cuantía, la base legal, la base reguladora, la naturaleza de dicha prestación, si es contributiva o no contributiva, requisito de residencia y un largo etcétera que su señoría conoce. Sin embargo, ni la Comisión ni las propias autoridades británicas, según han reconocido, han podido recabar esta información.
Ante esta situación, con fecha 4 de julio del presente año 2001, se procedió a una reunión en el Ministerio de Asuntos Exteriores en la que participaron este Ministerio, el de Trabajo y Asuntos Sociales y la Junta de Andalucía.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con fecha 31 de julio, volvió a dirigirse a las autoridades británicas solicitando específicamente la normativa gibraltareña sobre esta revalorización de pensiones. Todavía estamos a la espera de una contestación precisa y clara sobre este asunto.
Asimismo, en la próxima reunión de la Comisión Administrativa, que tendrá lugar el 1 de octubre, el representante español volverá a plantear a la Comisión la revalorización de las pensiones y pondrá de manifiesto la reiterada política de hermetismo y obstrucción que las autoridades gibraltareñas mantienen en este asunto. Por tanto, hasta que no pueda conocerse con exactitud el alcance de la normativa gibraltareña sobre esta revalorización de pensiones, en el supuesto de que exista realmente dicha normativa por escrito, no puede iniciarse un procedimiento formal ante el Tribunal de Justicia. Entendemos que ésta es la última instancia, y antes sería necesario agotar todas las vías pacíficas

que han iniciado tanto el Parlamento Europeo como la Comisión y las autoridades españolas. El gran aliado de España en la disolución del Fondo de Pensiones fue la Comisión, y nuestros intentos deben ir dirigidos a implicar a ésta, conjuntamente con el Parlamento Europeo.
En esta resolución, como es lógico, el problema variará y sabremos con exactitud qué puede ocurrir. En el supuesto de demostrarse el incumplimiento manifiesto sobre estas revalorizaciones de pensiones por parte de las autoridades de Gibraltar, la Comisión instaría un procedimiento de infracción contra el Reino Unido, lo que políticamente es más efectivo que una acción individual del Estado español, De lo que se trata es de agotar todas las vías y de convencer a todas las instancias implicadas de la congruencia e idoneidad de nuestras peticiones. Téngase en cuenta que el tema de Gibraltar es sumamente espinoso -- usted lo sabe, señoría--, y que exige un tratamiento muy específico para evitar que se entienda que la disolución del fondo o la revalorización de pensiones es un problema exclusivamente bilateral España-Reino Unido, motivo por el cual este contencioso histórico puede traer consecuencias irreparables.
Lo que se pretende es concienciar a las instancias comunitarias y a los restantes Estados miembros de que nos encontramos ante una problemática no bilateral, sino comunitaria, en la que se está vulnerando el principio de igualdad de trato entre los ciudadanos de la Unión. Quizá este proceso sea más largo, pero también es más seguro. Además, en el supuesto de que no prosperen las acciones emprendidas, siempre queda abierta la vía del Tribunal de Justicia y del recurso de Estado contra Estado.
Consecuentemente, el primer paso debe ser conocer y circunscribir exactamente el problema. Es hasta posible que la revalorización de pensiones no esté fundada en una norma sino en una práctica administrativa que haría más difícil la resolución del problema. Lo esencial, señoría, es que tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores como el de Trabajo y la Junta de Andalucía trabajen coordinadamente en esta sintonía. En este sentido, las actuaciones anteriores con respecto a la disolución del Fondo de Pensiones pueden ser consideradas como paradigma, y además entendemos que ésta debe ser su vía y seguirla.
Con respecto a lo que su señoría manifestó de anticipo solicitado por el Grupo Parlamentario Socialista, podría considerarse como premura dicha medida que entorpecería la solución final. Ténganse en cuenta que el anticipo abonado como consecuencia de la disolución del Fondo fue aprobado por la propia Junta de Andalucía, competente en temas de asistencia social y transferidos a ella.
A este respecto conviene señalar que, por la transferencia de competencias, las prestaciones de asistencia social corresponden a las Comunidades Autónomas. Además, en muchos casos se está garantizando, por la aplicación del artículo 50 del Reglamento 1.408/71, una pensión mínima española cuando concurran los requisitos exigidos si la pensión extranjera y la pensión prorrateada española no alcanza los mínimos aprobados legislativamente. En consecuencia, y de forma indirecta, la no revalorización también está siendo paliada en parte por la Seguridad Social española.
Por otra parte, señorías, al no ser posible cuantificar por falta de instrumento normativo una cosa concreta como la revalorización producida, difícilmente puede aprobarse el abono de la misma por parte de las autoridades españolas.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que, desde el punto de vista jurídico, un anticipo como el solicitado por su señoría podría, tal y como se hizo con anterioridad, tener la consideración de asistencia social, por lo que su concepción debería corresponder en todo caso a la Junta de Andalucía.
Por último, debemos incidir en la necesidad de un trabajo coordinado, tal como hasta la fecha se ha venido realizando, conscientes de que el trabajo conjunto entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Junta de Andalucía, Parlamento Europeo, Comisión y asociaciones de afectados es el camino a seguir, intentando evitar acciones individuales y aisladas que pongan en peligro el objetivo que se persigue.
Tampoco debe olvidarse que sin ninguna fundamentación jurídica estable y consistente, el Tribunal de Justicia, en un recurso de Estado contra Estado, difícilmente podría pronunciarse. Si lo hiciera habría que contar con un plazo de años y con un resultado incierto si no se encuentra como aliado con otras instancias comunitarias coincidentes en los fines y en los instrumentos a seguir.
Por lo tanto, señorías, entendemos que, si efectivamente su Grupo ha considerado que es una prestación de asistencia social, ¿por qué no se ha planteado en el Parlamento andaluz, que sería su foro adecuado, para que ustedes que gobiernan allí realmente puedan hacer prosperar esa tesis? No quieran tirar la pelota a otro tejado, porque lo tienen difícil y lo saben cronológicamente.
Por último, señorías, siento de verdad que el portavoz socialista, entendiendo que es una propuesta yo diría que de cara a la galería, haya utilizado a la televisión pública andaluza para sus fines de emisión y, sobre todo, para tener un cariz en el Campo de Gibraltar, y cuando este portavoz habla se acaba de marchar la Televisión andaluza, que la pagamos todos los andaluces concretamente y aquí os hablan.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Fernández Sánchez.
¿Alguien más quiere intervenir en el turno en contra? (Pausa.) Pasamos al turno de portavoces.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, el Senador Cámara.

El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, creo que hemos perdido o podemos perder una oportunidad tremenda en esta Cámara de haber dado una cierta satisfacción a esos 9.000 ex pensionistas del Campo de Gibraltar. Había margen para presentar una enmienda transaccional y había margen suficiente para haber dado alguna explicación mayor.


Y algo se ha dicho aquí. Tengo que reivindicar, en nombre de Izquierda Unida, que la mención que se ha hecho de lo que ha acontecido en el Parlamento Europeo lo ha llevado a efecto la eurodiputada Laura González, de Izquierda Unida, en una pregunta en dicha Institución. Recientemente, el 4 de septiembre de este mismo año, dicha pregunta fue respondida en Comisión por parte de la señora Diamantopoulou, en la que se plantea que, en estos momentos, se encuentra analizando dicha problemática a la luz del derecho comunitario, etcétera, y plantea lo siguiente: Con objeto de examinar la queja debidamente, la Comisión ha pedido a las autoridades británicas, que tienen información detallada, todo lo demás. Es decir, está en trámite. Sin embargo, el problema sigue existiendo. Unos 9.000 trabajadores se encuentran en una situación de injusticia que se trata de resolver. Yo no entro aquí en si hay que hacerlo a través de unos o de otros. Hay que resolver. Y el Estado español, en el marco comunitario y en la relación con otro país, Gran Bretaña, puede perfectamente hacer algo más de lo que en mi opinión se ha hecho hasta ahora. Porque, efectivamente, desde 1990 las pensiones de jubilación de esos 9.000 españoles ex trabajadores de Gibraltar no han sufrido ningún incremento pese a las reiteradas subidas anuales de los índices de precios al consumo habidos hasta la fecha y pese a las protestas que este colectivo viene llevando a cabo desde hace mucho tiempo.
Los Reglamentos de la Comunidad 1408/71 y 574/72 coordinan los diferentes sistemas legales de Seguridad Social de los Estados miembros. Señorías, las normas fundamentales que se desprenden de uno de los reglamentos mencionados en materia de pensiones de jubilación son las siguientes: por un lado, la liquidación de las prestaciones con arreglo a cada una de las legislaciones a las que el trabajador ha estado sujeto. Por otro, el método de cálculo de las prestaciones o prorrata de los períodos que se hayan cumplido bajo cada una de las legislaciones de los diferentes países, y por último, la transferencia que aquí se ha mencionado de las prestaciones de vejez a todo el territorio de la Unión Europea.
Pero se me ocurre una sugerencia ya que España va a presidir durante el próximo semestre la Unión Europea. Yo planteo aquí que, por ejemplo, ese semestre de Presidencia española sirva para profundizar en la reivindicación de la Carta Social Europea, la CES, Carta que se debe aprobar y que reivindica el movimiento sindical europeo y donde están contemplados todos estos temas para proporcionar una seguridad en las prestaciones, por ejemplo, a todos los trabajadores de la Unión Europea estén donde estén trabajando y, por tanto, para que sus derechos objetivos y subjetivos les sean reconocidos. Creo que ésa es una buena oportunidad.
Pero mientras tanto, al calor de la propuesta de la moción, e independientemente de su mayor o menor viabilidad, como aquí el Partido Popular no ha presentado ninguna enmienda que facilite ese camino, que dé satisfacción a ese colectivo, yo me sumo a la propuesta del Grupo Socialista. Y es que, como digo, de haber tenido voluntad política el Grupo Popular hacia ese colectivo, podía haber presentado alguna enmienda al menos para poder decir que el Gobierno seguirá haciendo, seguirá planteando, está dispuesto a .... Pero no ha hecho nada; simplemente rechaza la moción y no sé por qué. Aunque sea para plantear que existe un objetivo claro por parte del Gobierno español entorno a esta cuestión. Y a pesar de lo explicado aquí se rechaza la moción sin más.
Señorías, cuando hablamos de un coste determinado para otros colectivos, en este país no hay coste que valga; se dan las subvenciones sin más.
Pero cuando las que están afectadas son gentes muy humildes del Campo de Gibraltar, una de las zonas más deprimidas, con más paro y con más dificultades económicas, con familias a las que les cuesta mucho trabajo llegar a fin de mes, entonces se ponen pegas.
Por tanto, por sensibilidad social digo que, independientemente de la viabilidad o no de esta moción, estoy de acuerdo con ella y les planteo un reto, señores del Grupo Popular. Díganle a su Gobierno, al que ustedes apoyan, que el semestre de Presidencia española sea el semestre de la Carta Social Europea para conseguir la seguridad jurídica de los trabajadores y pensionistas de la Unión Europea, entre ellos los del Campo de Gibraltar. Y mientras tanto, hagamos todo lo posible para dar al César lo que es del César, siendo en este caso ese César los 9.000 trabajadores del Campo de Gibraltar que desde 1990 siguen sin ver incrementadas sus pensiones, un derecho que les pertenece.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el Senador don Froilán Rodríguez.

El señor RODRIGUEZ DIAZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, está claro que estamos ante un problema bastante delicado, que se ha prolongado mucho en el tiempo --como bien ha planteado el Senador Carracao-- y que afecta a numerosos pensionistas, como está claro que hay de por medio, como mínimo, una importante responsabilidad del Gobierno británico.
Está también claro que para hacer cumplir esa responsabilidad británica es necesario un uso de los canales comunitarios y sería conveniente que las autoridades españolas extremaran el uso de esos canales para la solución de este problema mientras ello sea posible.
Igualmente está claro, al menos para este Senador que les habla, que hace falta intensificar la cooperación de las administraciones españolas y europeas para exigir a la Administración del Reino Unido el cumplimiento de sus compromisos sociales.
Por otro lado, existen aspectos legales y administrativos que complican la situación planteada en esta moción. El Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria desea que las administraciones competentes agoten todas las actuaciones posibles para resolver esta injusta situación que afecta a tantos ciudadanos españoles y a las familias que de ellos dependen.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Aurrekoetxea.

El señor AURREKOETXEA BERGARA: Gracias, señora Presidenta.
Voy a intervenir brevemente para fijar la posición de nuestro Grupo.
Tengo que decirles que para el que se acerca a este tema por primera vez y no ha sido conocedor durante estos años de lo que ocurría, las argumentaciones planteadas en esta Cámara han resultado difíciles de comprender desde un punto de vista objetivo porque entendíamos la argumentación de la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista y nos parece razonable sobre todo después del tiempo transcurrido.
La posición del Grupo Parlamentario Popular, sobre todo en la primera parte de su argumentación, parecía ir encaminada en esa línea aunque después nos ha sorprendido afirmando que no existe ninguna alternativa y que hay que rechazarlo sin más, cuando este mismo Grupo planteaba que se están haciendo gestiones, que un buen número de trabajadores se encuentran en esta situación, que la Junta de Andalucía parece ha tomado cartas en el asunto, etcétera; con lo cual pienso sinceramente que en lugar de buscar una solución, cuestión que está en el ánimo de todos, como decía el Senador Cámara, existe un problema y va a seguir existiendo, independientemente de la resolución que aquí se adopte. Por lo menos, es necesario poner un granito de arena desde el Estado para que se resuelva lo antes posible. Y no se puede decir que se debe llevar a otra instancia cuando al mismo tiempo se está afirmando que es demasiado apresurado anticipar dinero a estos pensionistas. Por tanto, hay una serie de contradicciones que indican la poca voluntad del Grupo Parlamentario Popular en solucionar esta cuestión y mientras no se nos ofrezca otra alternativa, el planteamiento del Grupo Parlamentario Socialista nos parece lo más razonable.
Como entendemos que existen unos trabajadores, unos pensionistas con una serie de problemas que ya es hora de resolver, vamos a apoyar esta moción porque en este momento es la única alternativa que hay sobre el tapete y consideramos que es lo mejor que se puede hacer. Además, el planteamiento del Grupo Parlamentario Popular no nos conduce a ningún sitio, y aunque partimos de la base de que el propio Gobierno seguramente está haciendo todas las gestiones que puede y de que todos tenemos la mejor voluntad, lo cierto es que deja las cosas como están. Nosotros pensamos que es el momento para dar un paso más; no sabemos si es la mejor alternativa pero al menos es la única que hay sobre la mesa y, por tanto, vamos a apoyar la línea marcada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Aurrekoetxea.
¿Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Carracao.

El señor CARRACAO GUTIERREZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, Senador Fernández, me da pena observar que la posición del Gobierno es más avanzada que la de su Grupo Parlamentario. Es así y lo tengo que reconocer. Las posiciones de los responsables del Gobierno con los que he tenido oportunidad de plantear esta cuestión han sido mucho más avanzadas que la que usted ha expuesto en esta tribuna. Insisto, me da pena.
Empieza usted diciendo que a este enredo es ajeno el Partido Popular. Le ha traicionado a usted el subconsciente. Usted venía ya con un discurso elaborado, preparado, pensando que el Senador Carracao venía aquí a criticar la política del Gobierno en materia de asuntos exteriores, en materia de Gibraltar. Claro que lo podía haber hecho. Razones me sobran.
Usted me reconoce capacidad para hacerlo, pero no era el momento. No era el momento y, por eso, yo no he caído ni voy a caer en el juego de debatir con su señoría sobre el contencioso. Para nada. Ya tendremos oportunidad, si su señoría quiere, de hacerlo en cualquier momento.
Seguramente este Senador va a plantear ese tema en más de una oportunidad en esta Cámara.
Ustedes, cuando las cosas se complican, cuando las cosas no les salen bien o van mal, buscan culpables por elevación: Europa. Europa es la responsable y tratan ustedes de escudarse en eso para no cumplir con la obligación que les corresponde. ¿Cómo puede usted decir que el Gobierno del Partido Popular es ajeno a la defensa de los intereses de los españoles, de 9.000 ex trabajadores españoles en Gibraltar dispersos por todo el Estado español? ¿Cómo puede usted decir en esta Cámara que el Partido Popular es ajeno a ese problema? Me hubiese gustado, si de mí hubiese dependido, que las cámaras de televisión que usted decía que estaban ahí hubiesen continuado para que en Andalucía, en Cádiz, en el Campo de Gibraltar y en La Línea hubiesen podido oír por sí mismos lo que usted ha expresado en esta Cámara. No dependía de mí. Si de mí hubiese dependido no tenga la menor duda de que hubiera hecho lo imposible para que aquí se estuvieran grabando las declaraciones que usted ha hecho.
Ustedes de manera ladina se escudan en el Gobierno autonómico, en la junta de Andalucía, y dicen que tenemos que coordinarnos con la Junta de Andalucía para resolver este problema, para plantearlo en instancias comunitarias. ¡Claro que la Junta lo hará! La Junta sí demuestra esa lealtad con el Gobierno de España y en lo que pueda colaborar lo hará como ya lo hizo. ¿Pero cómo puede su señoría decir que si el Gobierno de España anticipa lo que les corresponde a los pensionistas debilita la posición del Gobierno? ¡Todo lo contrario! Fortalecería de manera extraordinaria la posición del Gobierno porque demostraría que cree en ello, que cree que tiene toda la razón.
Lo que pasa es que hay que tener verdadera voluntad política y hacer ese esfuerzo económico. Lo que sucede es que el Gobierno ha empezado a hacer gestiones sobre esta

cuestión cuándo el Senador Carracao ha planteado una pregunta en la Comisión de exteriores del Senado. ¿Entonces cuándo? Como las comisiones tardan tantísimo en ser convocadas, como las preguntas se presentan y tienen respuesta a los 8 ó 10 meses, da tiempo a hacer alguna gestión para que luego venga el responsable del Gobierno a anunciar la gestión que ha hecho.
No he querido criticar eso. Lo estoy haciendo ahora porque no he querido añadir ningún elemento de subjetividad. Solamente he querido decir:
reconozcan ustedes que éste es un caso de auténtica justicia, que hay un colectivo de 9.000 pensionistas españoles que no tienen revalorizadas sus pensiones, que merecen el apoyo de todos y que el Gobierno les anticipe esa cantidad demostrando de esa forma firmeza ante el Reino Unido porque ya hay un antecedente en ello. Ya se consiguió cuando se demostró al Reino Unido que el Gobierno de Andalucía, el Gobierno socialista de Manuel Chaves, anticipó las cantidades a los andaluces. El Reino Unido habilitó los recursos necesarios para que el Gobierno de Gibraltar hiciera frente a ello. Estoy absolutamente convencido de que si el Gobierno de España hiciese ahora otro tanto con los 9.000 pensionistas españoles, el Reino Unido no daría lugar a que se le llevara ante instancias comunitarias, a que se llevara este tema a los tribunales, porque nuevamente dispondría de los fondos necesarios para que el Gobierno local de Gibraltar restableciese ese derecho porque el sentido común lo dice: Hay hechos objetivos.
¿Cómo puede un pensionista que depende de ese fondo estar cobrando cantidades adicionales, produciéndose un trato discriminatorio respecto a otros pensionistas porque no residen en Gibraltar? Usted, que en su despacho laboral trabaja en asuntos de este tipo, no me dirá que este asunto no es como le estoy diciendo, lo que pasa es que ustedes lo enredan, lo quieren complicar para no hacer lo que el Gobierno debe hacer, que es afrontar esta cuestión.
¿Que no están todavía todos los extremos reconocidos? Hay tiempo, háganlo. Yo no estoy en desacuerdo con lo que usted ha expresado que se debe hacer, pero mientras tanto, anticipen ustedes a los pensionistas esa cantidad y demuestren verdadera voluntad de que están dispuestos a llegar hasta donde haga falta o ¿hasta dónde tiene el Gobierno del Reino Unido cogido al Gobierno de España? Me parece gravísimo haber tragado por el «Tyreless», haber tragado por tantas cosas y, sin embargo que los ciudadanos del campo de Gibraltar, una vez más, se sientan desprotegidos por su Gobierno.
Señor Fernández, usted va a tener que ir a la ciudad de La Línea a explicar a los 4.500 pensionistas que allí residen que el Gobierno de España, al que su partido apoya, no cree que este asunto tenga solución, no cree que se pueda resolver en un plazo razonable. Desgraciadamente, muchos de esos pensionistas, por el camino que usted quiere y por la intensidad de los esfuerzos que su Gobierno está dispuesto a efectuar, no van a poder disfrutar de los incrementos que les corresponde en justicia.
Es su responsabilidad explicarlo, señor Fernández, porque usted no se ha podido acoger a ningún comentario de este Senador que interfiera en la política que el Gobierno esté desarrollando respecto al contencioso, respecto del que, por otra parte, siempre ha tenido de nuestro Grupo parlamentario el apoyo solidario, lo que no significa un cheque en blanco, es decir, que no podamos criticar en sede parlamentaria y que no podamos intentar ofrecer alternativas constructivas, porque es verdad que hora es de invertir la política que se está efectuando sobre Gibraltar, hora es de dejar de aplicar medidas que sólo perjudican a los más débiles, a los que se ven forzados a atravesar esa verja en distintas direcciones por motivos de trabajo, y hora es de mostrarse firmes ante el Reino Unido que es el único y principal responsable de esta cuestión, que, además, es el único interlocutor válido de nuestro Gobierno.
Yo tenía la esperanza, y se lo he manifestado poco antes de comenzar la sesión a su señoría. Espere usted a oír mi intervención, no venga predispuesto ya con el no sin haberla oído. A raíz de mi intervención hable usted con los responsables de su Grupo Parlamentario. Este es un caso de auténtica justicia, merece el apoyo de todos, no nos paremos en otras consideraciones, seamos capaces de despojarnos de esa indumentaria partidista. Cedo a sus señorías la oportunidad de presentar esa moción.
Podían ustedes haber presentado una enmienda --como ha dicho el Senador Cámara-- para que esta moción fuese de todos los grupos de la Cámara, y la hubiésemos aceptado con mucho gusto. Si el plazo de tres meses es corto, alárguenlo el tiempo que haga falta. Si hemos de esperar a que el Gobierno de España precise las cantidades antes de anticiparlas, de acuerdo. He dicho que con la cautela y con la prudencia necesarias podría ser una cantidad en torno a esa cifra, porque el mismo Gobierno de Gibraltar, la misma prensa de Gibraltar la ha publicado, pero es cierto que esos 8.000 podrían ser 7.115, o no sé cuántos, y estaríamos dispuestos a pedir la cautela necesaria hasta que se tengan comprobadas exactamente cuáles son las cantidades... Pero no han tenido ustedes ninguna voluntad de que este asunto pueda seguir adelante. Usted, con su intervención, demuestra que el Gobierno ante este problema mira para otro lado.

La señora PRESIDENTA: Senador Carracao, le ruego que vaya concluyendo.

El señor CARRACAO GUTIERREZ: Concluyo, señora Presidenta.
No quisiera terminar mi intervención sin agradecer a los grupos parlamentarios y a sus portavoces el apoyo que van a dar a esta moción.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Carracao.
Turno del Grupo Parlamentario Popular. En su nombre, tiene la palabra el Senador Fernández Sánchez.

El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Con la venia, se ñora Presidenta.
Señorías, debo preguntar, respecto de lo que ha dicho el señor Carracao, si no le da pena pronunciarse como lo ha hecho. Siga usted haciéndolo así, porque al resto de la Cámara

posiblemente eso sí nos va a apenar. (Rumores.) Lo digo, además, con un cierto sentido de la responsabilidad, porque de alguna forma usted ha querido vender algo que no es vendible.
Voy a empezar por el principio de su intervención. Usted decía que le hubiese gustado que esas cámaras de la televisión pública andaluza hubieran estado aquí escuchando mi debate, pero sabía perfectamente que no lo hacían porque estaban llamadas por usted y sólo para su propia parafernalia, que no para la mía. (Aplausos.) Señor Carracao, de alguna forma ha hecho usted una exposición mirando a la galería, diciendo que pensaba que de alguna manera íbamos a apoyar la moción, como si ustedes fueran realmente los que conocen la justicia social, en tanto, que nosotros fuéramos los injustos, o algo parecido, y realmente no es así, señor Carracao. Nuestro Grupo, y concretamente este portavoz que les habla, le ha manifestado cómo desde el día 8 de diciembre del año 1998 el Gobierno del Partido Popular ha negociado, y sigue haciéndolo, esta revalorización de pensiones de los campogibraltareños y de los trabajadores del Campo de Gibraltar. Y usted lo sabe. Ha habido reuniones los días 26 y 27 de junio del presente año, e incluso el propio 31 de julio porque hacía falta, y ahí estaba el Partido Popular, negociando para los trabajadores de Gibraltar, no para cometer injusticia social, tal como usted ha vendido aquí a la Cámara. Lo hemos hecho porque creemos en ello, y por eso mismo, y porque también creemos en el Estado de Derecho, tenemos que llevar a cabo esa situación jurídica que nos han planteado los trabajadores de Gibraltar por la vía de la prestación económica. No hable usted de gente necesitada, como también lo ha hecho algún otro portavoz. Sí, señor, es gente necesitada, pero que cobra prestaciones que complementa el sistema de Seguridad Social español público que mantenemos todos los españoles. No venda que por causa de la no revalorización solamente están empobrecidos los trabajadores de Gibraltar. Yo sí que iré al Campo de Gibraltar a decir a los trabajadores lo que hemos dicho aquí, y no otra cosa.
Señoría, tenemos que buscar la forma pacífica de negociar con ellos estando, desde luego, en aquellas Comisiones en las que debemos estar, y por supuesto, y como hemos dicho antes, con una fundamentación jurídica consistente y exclusiva hasta llegar al tribunal de Justicia para que se les pueda abonar, si es preciso, esa prestación. Pero, además, ni usted ni nosotros conocemos en qué está fundamentada esta revalorización de pensiones de la que hemos hablado antes, ni sobre qué norma o práctica jurídica está hecha. Ha sido una práctica puramente administrativa que desconocemos usted y nosotros, y no sería de recibo aplicarla así, por las buenas. Usted lo sabe; sin embargo, a veces es preciso un clientelismo político que no es propio de esta Cámara. Eso es cierto en lo que respecta a su Grupo y lo acaba usted de exponer aquí mismo.
Señoría, nosotros vamos a seguir negociando con el Gobierno británico y con quien corresponda para que los trabajadores de Gibraltar sepan que vamos a seguir marcándonos la misma pauta que nos hemos marcado --y siento que no estén presentes las cámaras andaluzas--, negociando lo que realmente hay que negociar, defendiendo a los trabajadores en lo que debemos defenderlos y situándoles en el lugar que les corresponde, porque todos estamos en la Unión Europea y el Reino Unido debe conocer qué ocurre en Gibraltar y si se trata de pensiones concedidas de buena o mala forma. Y en ese sentido seguiremos negociando, porque es en lo que creemos. Es fácil decir que el Gobierno español se anticipe, pero le digo algo más, señor Carracao: si usted y el Gobierno del Parlamento andaluz entendieron en aquel momento algo sobre un anticipo y no lo ha visto por ningún otro sitio, tiene miedo a perderlo. Porque lo que se está pidiendo es una prestación de asistencia social y en eso es competente el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no nosotros. El Gobierno andaluz es el responsable de esa prestación de asistencia social. Dígalo en el Parlamento andaluz tan fuerte o más que como me lo ha dicho a mí. Pero lo cierto es que allí no se ha expuesto. ¿Por qué? Porque dieron un anticipo y no lo han vuelto a ver más, y tienen miedo de perderlo. Por tanto, sea usted sincero y claro y expóngalo en el lugar donde debe hacerlo.
Así pues, a nuestro Grupo no le da pena ni tampoco nos van mal las cosas.
Todo lo contrario. Los pensionistas de Gibraltar creen en el Gobierno del señor Aznar tanto o más que el resto de los españoles. Creen en un fondo de pensiones, en una Seguridad Social revalorizada y en todo lo que se ha implantado con seriedad y justicia. En ello creen tanto los gibraltareños como los andaluces como el resto de los españoles.
Nuestro Grupo ha dicho que no a su moción porque entiende que existe la vía de una normativa comunitaria que hay que agotar. No podemos venir a decir aquí las cosas porque nos duelan, hay que hacerlo porque se tiene la razón y en esta cuestión usted sabe que nos sobra. Hemos planteado esta respuesta a su moción con sentido común, con una historia sobre lo que se ha realizado allí a partir del año 1993. No fue nuestro Gobierno quien disolvió aquello; era otro el Gobierno que había entonces, cuando se disolvieron unilateralmente aquellas prestaciones. ¿Qué se hizo entonces? ¿Se esperó hasta el año 1998? Se esperó hasta el año 1998 porque cuando se consiguió en fondo de pensiones fue ya muy tarde. Lo que pasa es que, lógicamente; se quieren vender las cosas de la forma que usted, señoría, quiere venderlas. No estoy conforme con usted. Siento decírselo, pero sepan los trabajadores de Gibraltar que estamos con ellos, como siempre lo hemos estado, y seguiremos tramitando todos estos asuntos que estamos tramitando hasta las últimas instancias comunitarias, como nos obliga nuestra normativa, porque somos socios y miembros de la Unión Europea. Allí estaremos nosotros, allí estará el Partido Popular negociando como se negocia. Lo demás, siento decírselo, señor Carracao, es hacer demagogia.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.
--El señor Carracao Gutiérrez pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Fernández Sánchez.


...

Senador Carracao, tiene la palabra por un tiempo de dos minutos.

El señor CARRACAO GUTIERREZ: Señora Presidenta le agradezco su tiempo.
Voy a intentar hacerlo sólo en un minuto.
Quiero aclarar algunas cuestiones. Señor Fernández Sánchez, no sé si usted estaba en el hemiciclo cuando yo he intervenido porque he pedido a sus señorías que tomaran nota porque quería destacar un hecho, y es que hasta la última peseta ha sido devuelta por los pensionistas. Por lo tanto, el anticipo que hizo la Junta de Andalucía fue recuperado en su integridad; 3.000 millones fueron recuperados íntegramente. Por favor, escuche al menos cuando intervienen las personas a las que usted va a tener que responder luego.
Segunda cuestión que quiero aclarar. Cuando en diciembre de 1993 se disuelve el fondo de pensiones gobierna el Partido Socialista, pero ya parece grosero tratar de responsabilizar siempre a los gobiernos anteriores, porque el que el Gobierno de Gibraltar disuelva el fondo de pensiones ¿qué responsabilidad es de quien estuviese gobernando en España? Estuviese gobernando el Partido Socialista, el Partido Popular, el que fuera, ¿qué responsabilidad tiene? Cuando les faltan argumentos ustedes siempre acuden a lo mismo, vuelven a mirar hacia atrás, giran la cabeza hacia atrás y dicen que los responsables somos nosotros porque no lo dejamos resuelto. Si lo hubiésemos resuelto todo seguramente ustedes no estarían gobernando. Pero en este caso concreto, no responsabilice a un Gobierno de España de la decisión que unilateralmente tome un gobierno local de Gibraltar.
Creo, señor Fernández, que usted quiere descalificar. A usted le ha podido dar pena mi intervención, pero no hable por boca de toda la Cámara. Yo puedo ser vehemente pero, desde luego, en absoluto descalifico ni invado el terreno personal de sus señorías. Pongo pasión en la defensa porque tengo argumentos sobrados para defender este tema. He sido, ante todo, objetivo y preciso al pedirle a usted y a su Grupo Parlamentario que apoyen a un colectivo débil económicamente que usted, porque dice que cobra prestaciones del Gobierno de España piensa que eso ya es todo.
Estaría bueno que porque cobraran 25.000 pesetas de un fondo de pensiones gibraltareño, el Gobierno de España ya no tuviera responsabilidad de pagarle las pensiones contributivas o incluso las no contributivas que le correspondan.
La Junta de Andalucía, probablemente, no puedo hablar por ella, ...

La señora PRESIDENTA: Senador Carracao, ya ha consumido su minuto y los otros dos minutos.

El señor CARRACAO GUTIERREZ: ... busque fórmulas para proteger a los ciudadanos andaluces, pero a ustedes nuevamente se le van a quedar un buen número de pensionistas españoles que residen en otras comunidades que no van a poder ser atendidos.
Nada más y muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos.) La señora PRESIDENTA: Gracias; Senador Carracao.
Senador Fernández Sánchez, tiene otros dos minutos.

El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Con la venia, señora Presidenta.
Señoría, creo que su intervención sobraba y siento, de verdad, decírselo pero usted se ha manifestado simplemente para, de alguna forma, poder desdecirse de lo que usted ha dicho al principio.
Mire usted, señor Carracao, yo creo que su intervención ha sido demagógica, y es mi criterio personal. ¿Por qué? Porque usted ha querido vender aquí a la Cámara que los pensionistas del Campo de Gibraltar eran gente más o menos depauperada, y que el Gobierno del Partido Popular les estaba pasando por encima. No es cierto, señor Carracao. El Partido Popular, lógicamente, les ha dado lo que tenía que darles, pero los campogibraltareños tienen la vía de solución administrativa, pero no venga usted a hacer clientelismo político, que es lo que ha hecho usted en la Cámara, y le conocemos todos, señor Carracao. ¡Clientelismo político! (Aplausos y protestas.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Fernández Sánchez.




Lamento la extensión del texto pero creí importante que apareciera integramente. Esta moción NO fue aprobada por el voto en contra del PP.

El PP-GIL quiere que ahora sean clientes suyos. Yo confío en ellos. Son viejos, no tontos.

El sentido común no esta instalado en nuestra ciudad, aqui impera el miedo, la coacción, el chantaje, la manipulación,el insulto,los arribistas,los sin escrupulos,los estomagos agradecidos,los transfúgas,en definitiva los vomitimos para cualquier ser humano que se precie de ello.